La educación en España: Más libertad y más mercado

Nuestros socialistas de todos los partidos no se cansan de recordarnos día tras día, que hay ciertas parcelas de la vida –en realidad, para ellos son la gran mayoría- que no pueden dejarse en manos del mercado. Lo que ocultan detrás de esta expresión es el desmedido afán por invadir la libertad y la capacidad de decisión individual, atribuyendo plenos poderes al estado, dirigido, por cierto, por la oligarquía partitocrática que ha ocupado todo el sistema político.

Una de esas áreas que por su trascendencia debe -según esta forma de pensamiento único- quedar en manos públicas es la educación. A lo largo del Siglo XX, y con la excusa de conseguir el loable objetivo de garantizar el acceso universal a la educación, el estado en España ha ido asumiendo directamente la prestación de los servicios educativos. En la enseñanza no universitaria ha conseguido, además, que las instituciones religiosas, titulares de la mayoría de centros educativos no públicos, den por bueno el embeleco de los llamados conciertos. Así, esos colegios religiosos, manteniendo una formal titularidad privada, son sostenidos con fondos públicos a cambio de que vayan cediendo parcelas cada vez mayores de autonomía. Según las diferentes comunidades autónomas, deben aceptar que la consejería de educación de turno les fije imperativamente contenidos, libros de texto, horarios, cupos de alumnos por clase, requisitos y formas de admisión de alumnos… En algunas regiones especialmente hostiles, a duras penas pueden estos centros mantener y aplicar sus idearios educativos, morales y religiosos que, en último término, justifican su propia existencia. De esta forma la educación privada en sentido estricto se reduce a colegios sólo accesibles para una élite que económicamente puede sufragar sus elevadas matrículas.

Algo parecido ocurre con la enseñanza universitaria, aunque debe reconocerse que aquí se han añadido toques de paletismo localista. Así no hay capital de provincia, por pequeña que sea, que no tenga su propia universidad pública. Por supuesto, en nuestras facultades reina una endogamia enfermiza que hace que la gran mayoría de los profesores sean exalumnos de esa misma universidad. Además, si a esta concepción burocrática le añadimos los ingredientes de los nacionalismos que dominan algunas comunidades autónomas, la endogamia adquiere tintes xenófobos. 

Los resultados prácticos de este planteamiento son desoladores. Las enseñanzas medias en España se han devaluado en los últimos treinta años hasta límites sonrojantes. El famoso Informe PISA nos recuerda periódicamente este descenso de calidad. Todo ello por no referirnos a la pérdida de los valores de autoridad de los profesores, de esfuerzo y superación de los alumnos, y de respeto y reconocimiento por parte de los padres.

En el ámbito universitario los resultados no son mejores. En los diferentes estudios que se dedican a elaborar un ranking de las mejores universidades del mundo, hay que ir más allá del puesto número 150 para encontrar alguna universidad española. De hecho, todos conocemos bastantes ejemplos de licenciados universitarios que se dedican a trabajos que no corresponden al supuesto nivel académico que ostentan.

Decía MILTON FIREDMAN que en la educación, al igual que en el resto de actividades productivas, si el consumidor tiene libertad de elegir, una empresa podrá crecer sólo si produce algo que éste prefiere debido a su calidad o precio. En efecto, si los padres y los alumnos tuvieran verdadera capacidad de elegir el colegio o la universidad, sólo aquellos centros educativos que ofrecieran un servicio de calidad, tendrían demanda y, por ende, podrían subsistir.  

El estado debe garantizar en lo posible la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, pero ello no significa que deba prestar en monopolio el servicio educativo. Es imprescindible, si queremos mejorar nuestro nivel educativo, que la empresa privada tenga acceso al mercado de la enseñanza en igualdad de condiciones con la red pública. Si cada ciudadano pudiera elegir en qué colegio quiere invertir su parte de impuestos dedicada a la educación, en pocos años daríamos un salto significativo en el nivel de calidad de la educación que reciben nuestros niños y jóvenes. Los beneficios que conseguiríamos serían de muy variada clase. Los padres podrían hacer efectivo el sagrado derecho de decidir qué tipo de educación reciben sus hijos. La iniciativa privada generaría ofertas para toda clase de perspectivas ideológicas para que cada padre pudiera escoger según su criterio, pero siempre intentando mantener la calidad. Los colegios concebidos como empresas privadas conseguirían un nivel de eficiencia en la inversión mucho más elevado que el que en la actualidad obtienen los centros públicos, en los que impera ese principio de gestión presupuestaria que proclamó nuestra insigne pensadora CARMEN CALVO: el dinero público no es de nadie. Se acabaría con los permanentes intentos de adoctrinamiento de las mentes infantiles, a los que nos tiene acostumbrados nuestra izquierda gobernante. Se podría estudiar en español en cualquier lugar de España…

Aunque soy consciente de que mi planteamiento no encuentra mucho eco en una sociedad como la española, acostumbrada a vivir en brazos de papá estado, creo que sí va cundiendo la alarma de que nos encontramos ante una auténtica emergencia educativa. Por eso tenemos que ser valientes y empezar a exponer sin complejos estas ideas. El sentido de la libertad está impreso en el corazón humano, y quizá sólo haga falta rascar un poco. Como decía en un reciente artículo EUGENIO NASARRE, sólo se salvará la educación en nuestra Europa mediante la libertad.